La reciente reforma constitucional propuesta por Daniel Ortega en Nicaragua no solo revela la ambición desmedida del presidente, sino que también marca un punto de inflexión alarmante hacia un régimen totalitario. Este movimiento, que busca consolidar aún más el poder en manos del Ejecutivo, es un claro indicativo de que Ortega ya no se preocupa por disimular sus intenciones autoritarias.
Consolidación del poder
La reforma, que ha sido aprobada por una Asamblea Nacional dominada por sus acólitos, establece un control absoluto sobre los poderes del Estado. Al aumentar el período presidencial de cinco a seis años y crear las figuras de «copresidente» y «copresidenta», Ortega y su esposa, Rosario Murillo, formalizan un gobierno en el que ambos comparten el poder de manera equitativa. Esto no solo perpetúa su control, sino que también sienta las bases para que su hijo, Laureano Ortega Murillo, pueda heredar el poder en un futuro cercano.
Destrucción de la separación de poderes
La propuesta elimina cualquier vestigio de separación de poderes al otorgar a la presidencia el mando sobre los órganos legislativo, judicial y electoral. La afirmación de que «el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la presidencia» es una burla a la democracia y a los principios fundamentales del Estado de derecho. En este nuevo marco legal, el Poder Ejecutivo se convierte en una entidad vertical que controla todos los aspectos del gobierno y la sociedad.
Control sobre los medios y represión
Otro aspecto preocupante es la vigilancia que se establece sobre los medios de comunicación. La reforma busca evitar que la prensa sea «sometida» a intereses extranjeros y prohíbe la difusión de «noticias falsas». Sin embargo, en un país donde la libertad de expresión ha sido severamente restringida y donde muchos periodistas han sido forzados al exilio, esta medida parece más un intento de silenciar cualquier crítica al régimen que una protección real de los derechos ciudadanos.
Legitimación de fuerzas paramilitares
La creación de una «Policía Voluntaria» como apoyo a las fuerzas policiales también despierta inquietudes. Este cuerpo auxiliar podría interpretarse como una legalización de grupos paramilitares, lo que recuerda a las violencias perpetradas durante las protestas de 2018. La reforma constitucional no solo refuerza el aparato represivo del Estado, sino que también legitima acciones violentas contra quienes se opongan al régimen.
Un símbolo patrio cuestionable
Finalmente, la inclusión de la bandera rojinegra del Frente Sandinista como símbolo nacional es un acto simbólico que refleja la intención de Ortega de fusionar su partido con la identidad nacional. Esto no solo es un intento de consolidar su legado político, sino también una estrategia para borrar las líneas entre el Estado y el partido en el poder.
En conclusión, lo que estamos viendo en Nicaragua es un giro hacia un modelo autoritario disfrazado de reformas democráticas. La propuesta constitucional de Ortega no solo amenaza con desmantelar lo poco que queda del Estado democrático en Nicaragua, sino que también establece un precedente peligroso para otros regímenes en la región. La comunidad internacional debe estar alerta y actuar para proteger los derechos humanos y la democracia en Nicaragua antes de que sea demasiado tarde.
