Desde el corredor de la muerte de las prisiones de Evin y Lakán —en Teherán y Rasht, ambas al norte de Irán—, tres mujeres aguardan la llegada de una decisión irreversible. Más de 300 kilómetros separan a las activistas Pakhshan Azizi, Sharifeh Mohammadi y Verisheh Moradi, pero la posibilidad de que sus voces sean permanentemente silenciadas las ha unido, bajo la atenta mirada del resto del mundo.
Amnistía Internacional (AI) publica sus historias y asegura que ninguna empuñó un arma ni cometió un acto violento. En su lugar, denunciaron injusticias estructurales o prestaron ayuda a otras mujeres y niños refugiados, pero han sido condenadas en causas separadas por "rebelión armada contra el Estado", un delito que el régimen teocrático condena con el paso por el patíbulo.
Desde hace meses, la oenegé sigue sus casos y recauda firmas para liberarlas, alarmada por la posibilidad de que las ejecuciones tengan lugar en cualquier momento.
El pasado junio, Sharifeh Mohammadi fue condenada hasta en dos ocasiones tras su detención y traslado al centro de seguridad de Sanandaj, según denunciaron varias organizaciones en defensa de los derechos humanos.
El fallo cita como "pruebas" su apoyo a la abolición de la pena de muerte, su documentación de casos de mujeres detenidas por motivos políticos en Gilan, y su posesión de información sobre la participación de trabajadores y trabajadoras en el levantamiento Mujer, Vida, Libertad de 2022.
Estas acciones, pese a la desaprobación de las autoridades, la han convertido en un "símbolo de lucha por la libertad" de las iraníes, destacó el mismo mes un comunicado emitido por un grupo de periodistas en un comunicado en reprobación de la sentencia.
La carta, publicada por la agencia de noticias Roj, llamaba entonces a la necesidad de redoblar los esfuerzos internacionales para proteger los derechos de Mohammadi, en concreto, y de las mujeres en el Kurdistán iraní en general.
El goteo de acciones represivas en la región no ha cesado desde que la muerte de Mahsa Amini —detenida por no colocarse el velo apropiadamente— bajo custodia policial desatase una oleada de protestas multitudinarias en septiembre de 2022.
La causa contra Mohammadi no ha hecho sino volverse más compleja con el paso del tiempo. La primera sentencia fue anulada por falta de garantías procesales, pero el juicio celebrado el pasado mes de diciembre tuvo otro resultado.
Su audiencia, explica Olatz Cacho, portavoz de AI en España para Irán, "apenas duró media hora, ella tuvo que conectarse por videoconferencia y, lo más irregular, el juez que la condenó era familiar del que lo había hecho anteriormente".
Imagen de archivo de un grupo de mujeres en las oraciones del viernes en Teherán
Hasta la fecha, la activista ha denunciado torturas que nunca han sido investigadas, algo que también ha ocurrido en el caso de Pakhshan Azizi, trabajadora humanitaria y defensora de derechos humanos de la minoría kurda.
Fue condenada en julio de 2024 después de que las autoridades utilizaran como pruebas su ayuda a refugiados sirios entre 2014 y 2022, y su participación en una protesta universitaria en 2009.
El documento de la oenegé asegura que Azizi fue incomunicada y sometida a régimen de aislamiento durante cinco meses. Además, el Tribunal Supremo incurrió en errores graves, acusándola falsamente de pertenecer al Estado Islámico y más tarde al Partido Democrático Kurdo de Irán, sin presentar pruebas al respecto.
En el caso de Verisheh Moradi, también activista kurda por los derechos de la mujer, su apelación judicial todavía está pendiente. Pasó por un proceso de desaparición forzada, "el periodo en el que suelen aprovechar para torturar a las víctimas cuando nadie puede contactar con ellas", lamenta Cacho.
Un patrón contra las mujeres
El baghi, como lo denomina la jurisprudencia islámica, es un delito que "puede utilizarse ilegítima y sistemáticamente para criminalizar el activismo pacífico a veces ejercido por mujeres", añade.
La experta afirma que Mohammadi, Moradi y Azizi son evidencias manifiestas de esta tendencia. La arbitrariedad del sistema permite que todo cambie en cuestión de horas, y es que las ejecuciones se comunican, a veces, con solo unos días de antelación.
Las oenegés reclaman investigaciones independientes y la liberación de las personas detenidas por su participación en protestas en defensa de la mujer. Y en esto la comunidad internacional puede jugar un papel clave, pues la presión es capaz de conseguir salvar vidas.
"Aunque no lo parezca, al régimen le importa su imagen exterior, y es por ello que muchas veces se escuda en la seguridad nacional como justificación de violaciones de derechos humanos flagrantes", recuerda Cacho.
En enero, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su profunda preocupación por el acusado incremento en el número de penas capitales en el país del golfo Pérsico durante el año pasado.
En 2024, Irán ejecutó al menos a 31 mujeres, la cifra más alta desde 2008 según informes de Iran Human Rights (IHR). Desde 2010, la oenegé estima que la vida de al menos 249 ha terminado en el corredor de la muerte, con ocho nuevos casos en 2025.
La laureada con el Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, también dirigió recientemente una carta abierta al Secretario General de la ONU y a los representantes de los Estados miembros, solicitando acciones concretas para poner fin a las ejecuciones en Irán.
Reconocida por su activismo, ella misma fue detenida 13 veces, condenada en nueve ocasiones, sentenciada a 36 años de prisión y a recibir 154 latigazos por "propaganda contra el Estado".
A menudo, las sentencias contra las mujeres suelen basarse en pruebas como publicaciones en redes, participación en protestas de hace más de una década o simplemente por pertenecer a grupos étnicos o sindicales. Las kurdas, en particular, son acusadas con frecuencia de formar parte de "organizaciones terroristas" pese a que sus actividades sean humanitarias o sindicales.
Amnistía Internacional recauda firmas a favor de que se anulen las sentencias de Mohammadi, Moradi y Azizi, sin dejar de prestar atención al resto de casos que van sucediéndose, uno tras otro, en el país asiático.
Desde el nacimiento del movimiento Mujer, Vida, Libertad, el control sobre ellas se ha intensificado a través de leyes represivas, violencia institucional y vigilancia masiva.
Nuevos instrumentos de control
En los últimos años, las herramientas de detección automatizada han dado forma al actual sistema de intervención social del Estado iraní, reforzado por leyes que endurecen las penas por incumplir el estricto código de castidad o manifestarse de manera pacífica.
El pasado 18 de marzo, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Irán presentó en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra un informe que alertaba de la "continua conducta persecutoria" orientada a suprimir los derechos de las mujeres y niñas en el país.
Según el documento, "en abril de 2024, en Teherán y el sur de Irán, el Estado recurrió a la vigilancia aérea con drones". Ese mismo mes también comenzó a funcionar un "software de reconocimiento facial" en la entrada de la Universidad Amirkabir de Teherán.
Incluso, la misión de la ONU reveló la existencia de una aplicación móvil denominada Nazer que permitiría a civiles y policía denunciar el incumplimiento del uso del hiyab en transportes públicos, ambulancias y vehículos privados.
Meses después, en noviembre, las autoridades anunciaron los planes de abrir una clínica en la capital para apoyar de "manera científica y psicológica" a quienes se sientan presionadas por no usar el velo obligatorio.
Tal como recogió entonces EFE, la jefa del departamento de mujeres y familia del Centro de Ordenar el Bien y Prohibir el Mal, Mehri Talebi-Darestani, aseguró que el espacio busca "brindar servicios" de forma "totalmente confidencial" y "sin prejuicios" para quienes posiblemente se hayan enfrentado a "desafíos en este ámbito debido a presiones sociales".
El anuncio se produjo semanas después de que una joven fuese detenida por quedarse en ropa interior en una universidad en Teherán, en una acción que se consideró como un acto de protesta. El gobierno iraní aseguró que la joven sufre "problemas" y no consideró el suceso como una cuestión de seguridad, sino social.
Sin embargo, desde 2022 han sido muchas las iraníes que han rechazado el uso del hiyab como gesto de desobediencia civil desde la muerte de Amini.
Las iraníes reclaman protección legal
Irán es uno de los seis Estados miembros de la ONU que no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y fue expulsado de la Comisión de la ONU sobre la Condición de la Mujer en 2022 por sus reacciones contra la protestas por Amini.
En su Constitución, los derechos femeninos están subordinados a los "criterios islámicos", un concepto ambiguo que permite a las autoridades legislar y actuar con un alto grado de discrecionalidad.
Una mujer camina después de que la Policía de la Moral cerrara una calle en Teherán.
En la práctica, las iraníes enfrentan desigualdades en numerosos ámbitos, desde el activismo en las calles hasta el hogar. La edad de responsabilidad penal, el matrimonio infantil, el acceso al divorcio, la custodia de los hijos o la libertad de movimiento son algunos ejemplos de ello.
Las leyes actuales tampoco reconocen legalmente la violencia doméstica como delito específico ni penalizan la violación conyugal. El artículo 1108 del Código Civil refuerza esta asimetría, estableciendo que una mujer que se niegue a mantener relaciones sexuales con su esposo sin "excusa legítima" pierde el derecho a recibir pensión alimenticia.
El Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial de 2024 situó a Irán en el puesto 143 de 146 países evaluados. Solo el 14% de sus ciudadanas participan en el mercado laboral frente al 67% de los hombres.
Están excluidas de empleos considerados "duros, peligrosos o nocivos", y sus maridos pueden impedir que trabajen si consideran que la actividad atenta contra los intereses familiares. No pueden ocupar cargos como juezas ni ser candidatas a la presidencia, y apenas ocupan 14 de los 290 escaños parlamentarios.
En el caso de la pena capital, lamenta Cacho en conversación con Magas, "la transparencia es escasa", y solamente las autoridades tienen constancia de cuántas mujeres están en el corredor. Mientras Azizi, Mohammadi y Moradi esperan desde sus celdas una notificación que podría sellar su destino, otras miles siguen enfrentando un sistema que restringe su integridad.
En este contexto, la criminalización del activismo y las leyes discriminatorias por razón de género convierten a Irán en un escenario donde la defensa de los derechos humanos no solo se paga con prisión, sino, potencialmente, con la vida.