Hoy, 24 de abril de 2025, la situación entre la República Dominicana y los migrantes haitianos atraviesa uno de sus momentos más tensos y polémicos en años recientes.
El gobierno dominicano ha lanzado una operación inédita: agentes migratorios irrumpen en hospitales, maternidades y salas de parto para identificar, detener y deportar a mujeres haitianas embarazadas, madres recientes y niños nacidos en territorio dominicano.
Solo en el primer día del operativo, las autoridades reportaron la detención de al menos 87 mujeres (más de la mitad embarazadas) y 48 niños, quienes fueron trasladados a centros de detención antes de su expulsión a Haití.
El argumento oficial es claro: frenar la inmigración irregular ante la profunda crisis que vive Haití.
Sin embargo, las imágenes de mujeres escoltadas por agentes armados fuera de hospitales han encendido el debate internacional sobre el respeto a los derechos humanos y el racismo institucional.
Grupos médicos, activistas y organismos internacionales denuncian que estas medidas ponen en riesgo la salud, la dignidad y la vida de personas especialmente vulnerables.
Antecedentes: una frontera marcada por el miedo
La relación histórica entre República Dominicana y Haití está marcada por tensiones, desigualdades económicas y episodios recurrentes de discriminación. Ambos países comparten la isla de La Española, pero sus trayectorias políticas y sociales han sido divergentes. Desde hace décadas, miles de haitianos buscan en territorio dominicano mejores condiciones económicas o huyen de la violencia crónica que asola su país.
Desde octubre de 2024, el presidente Luis Abinader endureció su discurso y anunció un plan para deportar hasta 10.000 migrantes semanales, con un enfoque particularmente duro sobre personas haitianas. En seis meses, más de 180.000 personas han sido expulsadas—una cifra récord—pese a que Haití atraviesa una situación humanitaria límite: violencia armada, desabastecimiento y colapso institucional.
El nuevo paquete de medidas migratorias incluye una instrucción específica para hospitales: el personal médico debe informar a las autoridades cuando atiende a personas indocumentadas. Esto ha creado un clima de miedo que disuade a muchas embarazadas o madres recientes de acudir a centros sanitarios por temor a ser arrestadas o separadas de sus hijos.
Racismo estructural y reacción social
Las expulsiones masivas han reavivado el debate sobre el racismo estructural en la sociedad dominicana. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que el gobierno alimenta discursos discriminatorios contra los haitianos—especialmente mujeres embarazadas y menores—y que estas políticas refuerzan estigmas históricos.
Puntos clave del conflicto:
- Más del 80% de las personas deportadas recientemente son de origen haitiano.
- Las medidas incluyen controles biométricos y toma forzada de huellas antes del traslado.
- El Colegio Médico Dominicano considera inhumana la práctica de revisar el estatus migratorio en hospitales.
- Diversos testimonios alertan del riesgo sanitario: muchas mujeres temen buscar atención médica vital.
En palabras recogidas por The Conversation, “la brutalidad de estas deportaciones masivas evidencia cómo se entrelazan racismo institucional y control migratorio”. Además, los defensores de los derechos humanos reportan amenazas crecientes contra quienes denuncian estos abusos.
Impacto humanitario: ¿quién protege a los más vulnerables?
El gobierno insiste en que todas las personas son expulsadas tras recibir atención médica adecuada y asegura que se respeta su dignidad durante el proceso. Sin embargo, expertos señalan que estas acciones violan principios internacionales como el non-refoulement (prohibición de devolución a un país donde corran peligro) e impactan directamente en el derecho básico a la salud.
Datos clave:
- Se estima que medio millón de haitianos viven actualmente en República Dominicana.
- La mayoría trabaja en condiciones precarias y carece de acceso regularizado a servicios básicos.
- El miedo al arresto está llevando a muchas mujeres haitianas embarazadas a evitar hospitales, lo que incrementa riesgos para su salud y la del bebé.
Las nuevas directrices gubernamentales también han reducido drásticamente el espacio para la sociedad civil: organizaciones que defienden migrantes enfrentan hostigamiento oficial y campañas públicas en su contra.
Hacia dónde evoluciona el conflicto
La situación se agrava por la falta de respuestas coordinadas entre ambos gobiernos. Mientras Haití no puede garantizar condiciones mínimas para los deportados, República Dominicana sigue presionando con más redadas e incluso ha anunciado nuevas restricciones fronterizas.
Observadores internacionales alertan sobre un posible repunte en crisis humanitarias transfronterizas si no se establece un marco bilateral o internacional para gestionar estos flujos con garantías mínimas. De momento, la tensión crece tanto dentro como fuera del país: ONGs locales e internacionales exigen una moratoria inmediata a las deportaciones en hospitales hasta garantizar protección efectiva para mujeres embarazadas y niños.
Una sociedad dividida ante una emergencia regional
El caso ha polarizado profundamente a la sociedad dominicana. Una parte apoya las medidas como defensa legítima ante lo que perciben como presión migratoria insostenible; otra denuncia un retroceso grave en derechos humanos y un alarmante repunte del racismo institucional.
Mientras tanto, miles de familias haitianas viven hoy bajo amenaza constante: la frontera ya no es solo una línea geográfica sino también una sala hospitalaria. El futuro inmediato dependerá tanto del pulso político interno como del grado de presión internacional capaz de equilibrar seguridad fronteriza con humanidad básica.
La historia reciente demuestra que los conflictos fronterizos entre República Dominicana y Haití rara vez tienen soluciones simples o rápidas. Pero lo que está en juego ahora es algo esencial: el derecho elemental a nacer sin miedo ni persecución.
