En un giro inesperado de los acontecimientos, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha lanzado una dura crítica contra las universidades privadas, calificándolas como «la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza en esas familias que solo a través del conocimiento va a subir escalones en la escala social«. Estas declaraciones, realizadas durante el congreso provincial del PSOE en Málaga, han generado una considerable controversia y han puesto de manifiesto una aparente contradicción dentro del propio Gobierno.
La vicepresidenta Montero, en su discurso, no solo arremetió contra las instituciones educativas privadas, sino que también acusó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de promover una «Andalucía de pandereta«. Según Montero, esta visión se contrapone a la «Andalucía inteligente, la trabajadora, la que tiene talento, la que hace de la diversidad cultural un elemento competitivo«.
Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fue la crítica directa a la educación superior privada. Montero afirmó: «No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador que necesita una beca para ir a la universidad«. Esta afirmación ha sido interpretada por muchos como un ataque directo a la integridad de las instituciones privadas y a la validez de los títulos que otorgan.
Lo paradójico de esta situación es que varios miembros destacados del actual Gobierno, incluido el propio presidente Pedro Sánchez, han cursado estudios en universidades privadas. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también se formaron en instituciones privadas de educación superior. Esta realidad plantea interrogantes sobre la coherencia del discurso de Montero y la posición del Gobierno respecto a la educación privada.
La vicepresidenta también abordó otros temas candentes durante su intervención. Criticó la gestión de la sanidad y la educación por parte del gobierno andaluz, acusando a Moreno Bonilla de «cerrar aulas públicas, no bajar la ratio, abrir más colegios concertados y poner en marcha universidades privadas«. Además, hizo referencia a la reciente dana en Valencia, acusando al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de ser «negligente» y de «no estar a la altura» de la situación.
En el ámbito de la vivienda, Montero destacó que el Gobierno central «ha impulsado 3.000 viviendas» en Málaga, mientras que, según ella, el Gobierno de Andalucía no ha impulsado ninguna. Esta afirmación forma parte de una crítica más amplia a la gestión del PP en la comunidad autónoma.
El discurso de Montero no se limitó a criticar a la oposición. También aprovechó para arengar a los socialistas malagueños, asegurando que ha vuelto a su casa «de la que nunca se fue» para «ganar la Junta de Andalucía«. Este llamamiento a la movilización del partido en Andalucía sugiere una estrategia a largo plazo para recuperar el gobierno autonómico.
Las declaraciones de la vicepresidenta han generado un intenso debate en la esfera política y educativa. Mientras algunos apoyan su defensa de la educación pública, otros señalan la contradicción entre sus palabras y la realidad del Gobierno del que forma parte. La polémica suscitada por estas afirmaciones probablemente continuará en los próximos días, alimentando el debate sobre el papel de la educación privada en el sistema educativo español y la coherencia del discurso político en torno a este tema.
En definitiva, las palabras de María Jesús Montero han puesto sobre la mesa una discusión que va más allá de la mera crítica a las universidades privadas. Han abierto un debate sobre la igualdad de oportunidades en la educación, la calidad de la formación en diferentes tipos de instituciones y la coherencia entre el discurso político y la realidad de quienes lo pronuncian. En un momento en que la educación se perfila como un tema crucial para el futuro del país, estas declaraciones seguramente tendrán repercusiones en el panorama político y educativo de España en los próximos meses.
