La sanción impuesta a la profesora Lourdes Albarrán, suspendida de empleo y sueldo por suspender a un número elevado de alumnos, es solo la punta del iceberg de una crisis educativa y social que afecta a toda España. Este caso ejemplifica cómo las autoridades educativas, en lugar de abordar las raíces del problema—familiares, sociales y pedagógicas—optan por sancionar a los docentes como chivos expiatorios. Esta dinámica perversa no solo agrava los problemas que pretende resolver, sino que también refleja una profunda desconexión entre las políticas educativas y las realidades del aula.
Acusaciones «anodinas»
Cuando Lourdes Albarrán recibió toda la documentación procedente de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, compuesta por siete hojas, explica que se sintió «aliviada porque las acusaciones son anodinas. Soy muy transparente, tengo 61 años, llevo toda la vida dedicada a la enseñanza, me apasiona mi trabajo y soy muy meticulosa en todo».
Por la «gravedad de los hechos ocurridos» y por «proteger de alguna manera al acusado» la han suspendido de empleo y sueldo como «medidas cautelares». En este sentido, afirma que «es una pena que ya se me hayan impuesto sin haberme oído, nadie lo ha hecho. Estoy en un estado de total indefensión, se me han aplicado unas medidas que son desproporcionadas teniendo en cuenta de lo que se me acusa». Este último jueves, asegura, un inspector de Educación le comunicó que tenía que salir del centro educativo donde imparte la enseñanza desde 2018 en Bachillerato, un hecho que Albarrán califica como «humillante y denigrante».
«He oído casos de apertura de expedientes, pero en casos de acoso, de malos tratos, pero no entiendo la gravedad en este caso. Tengo pruebas para demostrar que solo quieren manchar mi honor. Quieren retirarme porque no lo han conseguido antes, aunque me lo han aconsejado, que me pidiera la baja. Yo no doy ninguna batalla por perdida. Quieren quitarme de en medio para que venga una sustituta, por lo visto tiene la potestad para dar el aprobado general, que es lo que buscan».
Afirma incluso haber recibido «amenazas, frases soeces y groseras a través de números ocultos que me han llamado insistentemente». «El inspector ha entrevistado a los alumnos y a los padres en el mismo centro donde imparto clases, ese día viví una humillación», subraya.
Albarrán remarca que quiere dar a conocer su caso por «las coacciones que recibimos los profesores ante los padres, que lo que están haciendo es derribando cualquier obstáculo que se ponga delante de sus niños. Hay una indefensión por parte del profesor y un empoderamiento por parte de los estudiantes y las familias que apoyan toda esta situación y son cómplices».
Exámenes escritos
La docente señala que prefiere realizar los exámenes de manera escrita, ya que «someter a un chico a una prueba oral, a veces hasta es demasiado agresivo y aparte eso requiere unas destrezas que en las pruebas escritas son mucho más fáciles. Además, todos los profesores lo hacemos de esta manera».
Como consecuencia de ello, detalla, decidió realizar una prueba oral, aunque se le olvidó grabarlo. «Eso fue motivo de una segunda denuncia. También me la interpusieron porque fueron tres alumnas a hablar conmigo, porque les suponía un gran estrés y ansiedad examinarse de esa manera, por lo que me pidieron que lo hiciera en la biblioteca. Hay un apartado dentro de nuestra profesión que indica que hay que proporcionar medidas a la diversidad y atención a la individualidad. Y si hay algún problema con algún niño, pues adoptar medidas acorde a la situación. Por ello accedí. Fue motivo de queja porque dicen que han recibido un trato desigual. Por cierto, una de ellas es una de las que me acusan y me han denunciado».
Criterios de evaluación
Asimismo, asegura que sí que explica los criterios de calificación, que se reflejan en la parte de atrás del ejercicio de evaluación y los alumnos y las familias también lo pueden ver en un blog. «Aparte de eso, explico días antes cómo van a ser el examen y las preguntas».
En el informe relativo al caso, se indica que la profesora aplica «correcciones y penalizaciones sobre aspectos formales de la lengua, es decir, sobre expresión, puntuación. Soy docente de Lengua, tengo que hacerlo y además se recoge en la programación».
Comentarios «poco considerados»
Además, los alumnos también se han quejado de que ha realizado «comentarios poco desconsiderados e inapropiados. Lo único que les he dicho es que venían mal preparados. Lo otro que alegan relativo a ello son mentiras y seguro que gente dentro de la clase puede corroborar que yo no he dicho eso. Lo más fuerte es que se dice que yo en clase he dicho a un alumno que no debería de estar en Bachillerato. Jamás lo he dicho, porque estoy convencida de que tal y como está la educación hoy en día, toda la persona que entra en Bachillerato sale con el título».
También se alega que expulsó a tres alumnos. En este sentido, lo justifica señalando que «uno puso en tela de juicio mis enseñanzas y mi capacidad para enseñar. A los otros, debido a que se empezaron a comentar y a reírse de la situación»…
El acoso al profesorado: una realidad creciente
El informe del Defensor del Profesor del sindicato ANPE revela que el 78% de los docentes atendidos presenta niveles de ansiedad impropios de la tarea a realizar, un 11% muestra síntomas depresivos y un 10% se encuentra de baja laboral. Además, las agresiones físicas a profesores han aumentado al 7% de los casos, mientras que las agresiones de padres a docentes se mantienen en un 3%.
La situación se agrava con el ciberacoso, que ha proliferado con el uso masivo de las tecnologías. Este fenómeno ha aumentado la desconexión moral y la sensación de impunidad entre los agresores, dificultando la identificación y sanción de los mismos.
El círculo vicioso: familias desbordadas, aulas conflictivas y administración ciega
Familias sin herramientas
En muchos hogares, los padres delegan la educación en valores a la escuela, pero luego cuestionan sus métodos. Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que el 65% de los padres españoles evita corregir a sus hijos por miedo a traumatizarlos. Este fenómeno, conocido como sobreprotección, se ha convertido en norma en muchas familias. Además, el 58,6% de los mayores de 65 años en España cree que los jóvenes cuidan peor a sus padres en comparación con generaciones anteriores, según una encuesta del CIS.
Aulas ingobernables: Los docentes dedican hasta el 40% de su tiempo a imponer disciplina en lugar de enseñar. Esta situación se ve reflejada en el Informe ANPE, que destaca cómo la sobrecarga disciplinaria erosiona el tiempo y la calidad de la enseñanza.
Consecuencias psicosociales: estrés, depresión y abandono
El entorno laboral hostil y la falta de apoyo institucional han llevado a muchos docentes a experimentar altos niveles de estrés y ansiedad. Un estudio realizado por Educar es Todo y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) indica que el 38,4% de los docentes se autopercibe en un estado emocional que podría asociarse a depresión moderada o severa.
Además, el 40% de los profesores señala padecer ansiedad, depresión y desesperación, el 51% manifiesta sentirse insatisfecho con la vida personal y profesional, y el 65% considera que su trabajo es «bastante» o «muy» estresante desde el inicio del curso escolar.
Esta situación ha provocado un aumento significativo en las bajas laborales por problemas de salud mental. Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), educadores y sanitarios registraron al menos seis incapacidades temporales por estrés, ansiedad y depresión cada 1.000 ocupados en 2022, lo que representa un incremento del 212% respecto a 2016.
Ante este panorama, muchos docentes han solicitado la jubilación anticipada como medida para escapar de un entorno laboral cada vez más hostil y perjudicial para su salud.
La respuesta institucional: sancionar en lugar de apoyar
En lugar de abordar las causas estructurales de esta crisis, las autoridades educativas han optado por sancionar a los docentes, como en el caso de Lourdes Albarrán. Esta estrategia no solo es injusta, sino que agrava la situación, ya que desmotiva al profesorado y envía un mensaje equivocado sobre la responsabilidad en el proceso educativo.
Administración cómplice
Las autoridades educativas priorizan estadísticas de «éxito escolar» sobre el aprendizaje real. En lugar de invertir en formación parental o apoyo psicológico, utilizan expedientes disciplinarios contra docentes como mecanismo rápido para apaciguar a familias conflictivas. Por ejemplo, en Extremadura se gastan aproximadamente 15.000€ en expedientar a un docente, pero solo 2€/alumno/año en mediación familiar.
El fracaso de las «soluciones» administrativas: por qué suspender a docentes empeora todo
Efecto boomerang
La desmotivación docente es una consecuencia directa de las sanciones arbitrarias. Un estudio de UGT indica que el 78% de los profesores sancionados acaba considerando abandonar la profesión.
Efecto llamada
Cada sanción a un docente envalentona a más familias a denunciar por motivos triviales. Esta situación crea un ambiente de inseguridad laboral y profesional para los educadores.
Parálisis institucional
La administración invierte en burocracia sancionadora en lugar de en formación parental o apoyo psicológico. Esto refleja una falta de compromiso real con la mejora del sistema educativo.
Propuestas realistas: atacar las causas, no los síntomas
Reformar la formación docente
Es esencial incorporar en el currículo docente formación en gestión de conflictos con familias tóxicas, técnicas de comunicación no violenta y mediación legal. Además, la neuropedagogía de la conducta debe ser parte integral de la formación docente para lidiar con trastornos de socialización sin recurrir a la sanción. La mentoría entre docentes veteranos y noveles, siguiendo el modelo de Singapur, también es una estrategia efectiva.
Intervención familiar temprana
Las escuelas de padres deben ser obligatorias, con cursos certificados sobre crianza con límites saludables. Estos cursos deben estar vinculados a beneficios fiscales o ayudas sociales. Unidades móviles de trabajo social, inspiradas en el modelo danés de «familiaeskole», podrían visitar hogares problemáticos y aplicar programas de parentalidad positiva.
Protección legal efectiva
Es necesario crear un Estatuto del Docente blindado, con presunción de veracidad en los incidentes documentados por los profesores. Además, debe existir un delito de acoso administrativo para penalizar a inspectores que abusan de expedientes disciplinarios sin base objetiva. La creación de tribunales especializados en conflictos educativos, con jueces formados en pedagogía, también es una medida esencial.
Transparencia radical
La implementación de una plataforma pública de datos que publique anónimamente el número de denuncias a docentes por centro, los resultados de inspecciones y el porcentaje de sanciones confirmadas, y comparativas de notas por asignatura entre centros de la misma zona, fomentaría la transparencia. Auditorías externas realizadas por equipos internacionales, como las realizadas por la OCDE en Portugal, también son necesarias para evaluar aleatoriamente centros educativos.
Casos internacionales que inspiran soluciones
Finlandia
En Finlandia, la formación parental obligatoria es una práctica común. Los docentes son considerados inexpugnables, con solo el 0,3% de las denuncias a profesores prosperando, gracias a criterios estrictos de prueba.
Ontario (Canadá)
La ley «Safe Schools» en Ontario establece que los padres son legalmente responsables de los daños causados por sus hijos en clase. Además, existen comités éticos que auditan las decisiones de inspectores educativos, asegurando la equidad y justicia en el sistema.
La falta de disciplina y el fracaso escolar
A) La ausencia de disciplina en las aulas
La falta de disciplina en las aulas españolas es una preocupación recurrente. Según un estudio del CSIF, la disciplina escolar en la educación primaria es un tema ampliamente debatido. La ausencia de normas claras y la falta de sanciones efectivas contribuyen a un ambiente educativo desordenado y poco propicio para el aprendizaje.
B) El fracaso escolar: una realidad alarmante
El fracaso escolar en España es una preocupación creciente. Según datos de la OCDE, el 26% de los jóvenes españoles entre 25 y 35 años no han completado la educación secundaria postobligatoria, es decir, no han obtenido el Bachillerato ni la Formación Profesional de Grado Medio. Esta tasa es significativamente más alta que la media de la OCDE, que se sitúa en el 14% .
Además, el informe PISA de la OCDE revela que España ocupa una posición desfavorable en cuanto a rendimiento académico, especialmente en matemáticas y ciencias. Estos datos reflejan la necesidad urgente de una reforma educativa que aborde tanto las causas estructurales como las individuales del fracaso escolar.
Aunque en los últimos años se ha observado una ligera mejora en las tasas de abandono escolar temprano, con una reducción al 13% en 2024 , España sigue estando por encima del objetivo europeo del 9% para 2030 . Además, persisten disparidades significativas entre comunidades autónomas, con algunas regiones mostrando tasas de abandono escolar mucho más altas que otras .
Este fenómeno tiene consecuencias profundas en el mercado laboral y en la cohesión social. Los jóvenes que abandonan los estudios prematuramente enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos de calidad, lo que incrementa el riesgo de exclusión social y pobreza .
El coste económico del fracaso escolar
El impacto del fracaso escolar en la economía española es considerable. Según el informe de Dide.org, el fracaso escolar generó un sobrecoste de 4.960,2 millones de euros durante el curso 2023-2024, lo que representa un incremento del 7,9% con respecto al curso anterior. Esta cifra engloba los costes de la repetición en educación primaria, ESO y bachillerato, así como el no aprovechamiento de recursos por parte de los estudiantes que abandonan prematuramente el sistema educativo. Además, el informe estima que una reducción del 10% en la tasa de repetición escolar permitiría un ahorro de 230 millones de euros y ayudaría a más de 29.000 alumnos.
Avances y desafíos en la lucha contra el fracaso escolar
A) Progresos significativos
En 2024, España logró reducir su tasa de abandono escolar temprano al 13%, la cifra más baja registrada hasta la fecha y cercana al promedio de la Unión Europea del 9,5%. Este avance se debe principalmente al impulso de la Formación Profesional (FP) de grado básico y a los programas de diversificación curricular destinados a estudiantes con dificultades de aprendizaje. Desde su introducción en 2015, los estudiantes de FP básica han aumentado un 32%. Comunidades como Cataluña han duplicado las plazas disponibles tras una postura inicial reacia .
B) Desafíos persistentes
A pesar de estos avances, España sigue estando por encima del objetivo europeo del 9% para 2030. Además, persisten disparidades significativas entre comunidades autónomas, con algunas regiones mostrando tasas de abandono escolar mucho más altas que otras .
Necesidad de colaboración entre las diversas instituciones
Fomentar la colaboración entre escuelas, familias, servicios sociales y entidades comunitarias es crucial para crear una red de apoyo integral que aborde las diversas causas del fracaso escolar.
Concluyendo:
La sanción a docentes como Lourdes Albarrán no es solo injusta: es contraproducente. Cada expediente disciplinario basado en presiones, y no en hechos probados, aleja a España de sistemas educativos exitosos que entienden que:
El aula no es una isla: los problemas sociales y familiares deben abordarse antes de que lleguen a clase.
Los docentes son parte de la solución, no del problema: sin su autoridad reconocida, no hay aprendizaje posible.
